Las declaraciones del concejal de Deportes de Requena, David Arjona, en Onda Cero Requena han abierto un debate que trasciende el conflicto existente entre las Escuelas Deportivas Municipales y el Sporting Club Requena.
Porque la cuestión ya no es únicamente quién utilizará unas instalaciones municipales o cómo debe interpretarse una adjudicación administrativa. La pregunta es otra.
¿Puede una decisión de los servicios jurídicos de un ayuntamiento acabar condicionando el nivel competitivo del fútbol base de toda una ciudad?
Durante la entrevista, el concejal explicó que el Ayuntamiento debe actuar conforme a los informes de los servicios jurídicos y a las obligaciones derivadas de la actual licitación de las Escuelas Deportivas. También reconoció que al Sporting Club Requena no se le puede impedir el acceso a una instalación municipal y que la intención del consistorio es encontrar una solución consensuada entre las partes.
Sin embargo, las propias declaraciones dejan al descubierto una realidad difícil de ignorar.
El futuro deportivo de los equipos y jugadores del SC Requena parece depender según el concejal de una interpretación jurídica y administrativa más que de una planificación política y deportiva.
Una solución de urgencia para mantener las categorías
Con el problema generado, parece que la única opción para el concejal sea mantener las categorías alcanzadas por los equipos, jugadores, técnicos y directivos del SC Requena, para ello plantea acuerdos entre entidades, clubes, integraciones o cesiones de equipos que permitan conservar plazas tan importantes como Primera Juvenil, Primera Cadete o Preferente Infantil.
El objetivo sería evitar que los jugadores de Requena pierdan la posibilidad de competir en categorías de nivel y preservar un trabajo deportivo desarrollado durante años.
La intención puede ser positiva.
La pregunta es por qué se ha llegado a este escenario.
Porque si la solución pasa por realizar encajes de última hora para que determinadas categorías no desaparezcan, la sensación es que el problema no nace en el terreno de juego, sino en una planificación administrativa que no valoró suficientemente las consecuencias deportivas de la adjudicación.
El mérito deportivo no se consigue en los despachos
Existe además una cuestión que afecta directamente a la esencia de la competición. Las categorías no son un simple activo administrativo.
Detrás de una plaza en Preferente Infantil, Primera Cadete o Primera Juvenil hay temporadas completas de esfuerzo, entrenamientos, desplazamientos y objetivos alcanzados por jugadores, entrenadores y familias.
Por eso surge una reflexión legítima.
¿Es razonable que una entidad pueda beneficiarse de una categoría conseguida por otra simplemente para mantener una estructura competitiva?
Probablemente existan mecanismos reglamentarios y jurídicos que permitan encontrar soluciones legales. Pero la discusión deportiva es distinta. Las categorías se ganan en el campo.
Y esa es precisamente la base sobre la que se construye el deporte formativo.
Una situación que invita a la reflexión
Nadie discute que los servicios jurídicos deban garantizar la legalidad de los procedimientos municipales. Esa es su función.
Lo que resulta más difícil de entender es que una ciudad con tradición futbolística como Requena haya llegado a una situación en la que el futuro competitivo de varios equipos dependa de interpretaciones jurídicas, borradores de acuerdos y soluciones de urgencia para conservar categorías que ya habían sido conquistadas deportivamente.
El caso de Requena abre un debate que va mucho más allá de un conflicto local. Cómo compatibilizar la legalidad administrativa con la realidad deportiva.
Cómo proteger el trabajo realizado por los clubes. Y cómo evitar que los jugadores terminen siendo los principales afectados por decisiones que nunca se tomaron dentro del terreno de juego, ni menos pensando en los niños.
